Ley de Derecho al Voto

Para 1965, los esfuerzos concertados para romper el control de la privación de derechos del estado tenían en marcha por algún tiempo, pero solo habían logrado un éxito modesto en general y en algunas zonas se había probado casi totalmente ineficaz. El asesinato de activistas de los derechos de voto en Filadelfia y Mississippi, ganó la atención nacional, junto con otros numerosos actos de violencia y terrorismo. Por último, el ataque no provocado del 7 de marzo de 1965, por policías estatales sobre manifestantes pacíficos que cruzaban el puente Edmund Pettus en Selma, Alabama, en ruta a la capital del estado en Montgomery, persuadió al Presidente y al Congreso a superar la resistencia de los legisladores del sur por una legislación efectiva de derecho de votación. El Presidente Johnson hizo un llamado para pasar una ley sólida sobre los derechos del voto y las audiencias comenzaron poco después en el proyecto de ley que se convertiría en la Ley de Derechos del Voto.

El Congreso determinó que las leyes federales existentes contra la discriminación no eran suficientes para vencer la resistencia por parte de funcionarios estatales para la ejecución de la 15 ª Enmienda. Las audiencias legislativas mostraron que los esfuerzos que el Departamento de Justicia hizo para eliminar las prácticas discriminatorias de las elecciones litigando caso por caso, no habían tenido éxito en la apertura del proceso de registro, tan pronto como una práctica discriminatoria o procedimiento había demostrado ser inconstitucional y ordenó, una nueva sería sustituida en su lugar y el litigio tendría que comenzar de nuevo.

El presidente Johnson firmó la legislación que resultó en ley el 6 de agosto de 1965. La sección 2 de la Ley, la cual siguió muy cerca el lenguaje de la enmienda 15ª, aplicó una prohibición a nivel nacional contra la negación o prohibición del derecho a votar en las pruebas de alfabetización en todo el territorio nacional. Entre sus otras disposiciones, la ley contenía disposiciones especiales dirigidas a hacer cumplir a esas áreas del país donde el Congreso creía que el potencial de discriminación era el más grande. Bajo la sección 5, las jurisdicciones cubiertas por estas disposiciones especiales no podrían implementar ningún cambio que afecte la votación hasta que el Fiscal General o el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia determinaran que el cambio no tenía un propósito discriminatorio y que no tendría un efecto discriminatorio.  Además, el Fiscal General podría designar a un condado cubierto por estas disposiciones especiales para el nombramiento de un inspector federal para revisar las cualificaciones de las personas que querían inscribirse para votar. Además, en aquellos condados donde un examinador federal servía, el Fiscal General podría solicitar que observadores federales monitorearan las actividades dentro de la casilla electoral del condado.

El Condado de Orange debe proporcionar apoyo bilingüe en español, chino, coreano y vietnamita para cumplir con la ley federal. La determinación de proporcionar materiales de votación y ayuda en estos idiomas se publicó en el 2002 y se hizo utilizando los datos del Censo de EE.UU. del 2000 bajo las normas establecidas en la Sección 203 de la Ley de Derechos del Voto.